Entre otros aspectos, esta comisión preparará una reforma de la Ley de Asociaciones para incluir como causa de disolución la realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acordado que las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil inicien los procedimientos de oficio para revisar y retirar las condecoraciones y recompensas policiales que hubieran podido recibir en el pasado agentes de ambos cuerpos que hubieran formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista o realizado actos incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos que fija la Constitución Española.
La decisión de Grande-Marlaska es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que en su artículo 42 ordena la revisión y revocación de cualquier condecoración y recompensa concedida a quienes incurran en situaciones de este tipo. Además, la Disposición Adicional Tercera de la mencionada ley prevé de manera específica la anulación de las condecoraciones policiales cuando quede acreditada la realización por el beneficiario, antes o después de la concesión, de actos manifiestamente incompatibles con la pertenencia a las órdenes del mérito tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil.
La orden dada por el ministro del Interior no afecta solo a Policía Nacional y Guardia Civil, sino que se extiende también a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al resto de las direcciones generales del ministerio, en cuyos máximos responsables delega Grande-Marlaska la responsabilidad de incoar los procedimientos de revisión de oficio y de revocación en su caso de las condecoraciones y recompensas afectadas por lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática.
Esos expedientes de revisión serán tramitados según lo dispuesto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que obliga a notificar el inicio del expediente a los afectados y a recabar sus alegaciones de defensa antes de dictar la resolución que proceda, que en su caso será rubricada por el propio ministro del Interior.
Además de la revisión de las condecoraciones policiales, Grande-Marlaska ha dispuesto la creación de una Comisión de Estudio y Análisis sobre la aplicación y los efectos de la promulgación de la Ley de Memoria Democrática en todos los ámbitos competenciales del Ministerio del Interior.
Entre otros aspectos, esta comisión preparará una reforma de la Ley Orgánica de Asociaciones, para incluir como causa de disolución o de revocación de su declaración de utilidad pública la realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas.
La comisión también revisará el proceso de retirada y eliminación de símbolos y elementos contrarios la memoria democrática que aparezcan ubicados o colocados en edificios ocupados por centros y unidades dependientes de este ministerio.
Asimismo, establecerá las condiciones que permitan garantizar y facilitar el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos, así como a la consulta de documentos sobre el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista que pudieran estar bajo custodia o conservación del Ministerio del Interior.
Esta Comisión de Estudio y Análisis está dirigida por la directora del Gabinete del ministro, y en ella se han integrado miembros de dicho equipo, del Gabinete del secretario de Estado de Seguridad y de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
